Conferencias - Ciencia - Arte - Literatura - Noticias - Unase
Inglés - Inicio

Literatura

La España de Carlos III y el Sistema Americano

Las políticas económicas leibnizianas de Carlos III

por William F. Wertz y Cruz del Carmen Moreno de Cota

La sucesión borbona trajo consigo el ímpetu de reformar la política económica de España sobre la base de las ideas de Jean-Baptiste Colbert (1619-1683), quien era el encargado de las finanzas bajo el rey Luis XIV de Francia. Cuando el duque Felipe de Anjou llegó a España en enero de 1701 para convertirse en Felipe V, iba acompañado del cardenal Luis Manuel Fernández de Portocarrero. Portocarrero le pidió después a Luis XIV que le recomendara a un economista capaz de poner en orden las finanzas de España, y Luis le respondió enviando a Jean Orry (1652-1719), un discípulo de Colbert.

El progreso en la reforma de la economía española era lento debido al arraigado poder de la nobleza feudal, y de la Inquisición y sus aliados jesuitas, así como por la mentalidad inherente de una población oprimida y analfabeta. No obstante, los Gobiernos del hijo de Felipe V, Fernando VI, y por último de Carlos III, crearon una revolución en la economía política basada en las medidas dirigistas de Colbert y Leibniz, en contra tanto de las políticas feudales habsburgas como de las de libre cambio británicas. (La riqueza de las naciones de Adam Smith, "la biblia" del liberalismo económico británico, ni siquiera fue traducida al español sino hasta 1794, seis años después de la muerte de Carlos III).

La instrumentación de las medidas económicas colbertistas tuvo lugar en oposición directa a las medidas bestiales que habían arruinado a España bajo los Habsburgo. En los 1700 por todos lados podía verse que las políticas de los Habsburgo, empezando con la expulsión de los judíos y de los moros, habían destruido lo que Lyndon LaRouche ha definido como la densidad relativa potencial de población de la nación. Entre 1650 y 1680 la población de España había caído a su nivel más bajo de los tiempos modernos. En 1650 su población era de menos de 7,5 millones de habitantes (11) comparada con la de Francia, de 18 millones, o con la de la propia España de principios del siglo 17, 8,5 millones. Con los borbones, rebasó los 8,5 millones en 1723, y para 1747 era de unos 9,5 millones. En 1768, nueve años después de que Carlos III ascendiera al trono, era de 11 millones; y en 1787, justo antes de su muerte en 1788, pasaba de esta cifra.

Destacados pensadores políticos españoles culparon de esta debacle a las políticas feudales de los Habsburgo. Por 1764, un escritor, bajo el seudónimo de Antonio Muñoz, atacó las políticas de Felipe III que acarrearon la contracción poblacional de España al expulsar a los moros, quienes eran buenos agricultores y artesanos. Nicolás de Arriquibar escribió una serie de cartas entre 1764 y 1769, diciendo que la primera necesidad del país era revivir la industria que la falsa política hacendaria de Felipe II había arruinado. Y en 1787 Juan Pablo Forner afirmó que las revoluciones de la época de Carlos V eran "el origen de nuestra decadencia". Instó a que se escribieran historias contando la verdad sobre el período del dominio habsburgo, durante el cual Felipe II profundizó la caída al dilapidar la riqueza de España por toda Europa, y el auge del clero aceleró la despoblación del país. Según Forner, también debe estudiarse la expulsión de los judíos y de los moros. Y pregunta: ¿Fue justo y necesario el exilio de cuatro millones de españoles, en cuyas manos estaba el comercio y la agricultura de la nación, o un absurdo? (12)

La Teórica y práctica de comercio y de marina de Jerónimo de Uztriz, publicada en 1724 y vuelta a publicar —a instancias del Gobierno— en 1742, estaba basada en Colbert. Otros dos escritores, Bernardo de Ulloa y el secretario de Hacienda José del Campillo y Cosío, se sumaron en 1740 al llamado de Uztriz sobre la necesidad de aumentar las manufacturas, el comercio y la población de España. Bajo su influencia, Felipe V ordenó traducir al español todos los escritos de Colbert. En otro reflejo de esta influencia, en 1762 Miguel Antonio de la Gándara instó al Gobierno a fomentar el crecimiento poblacional y la construcción de fábricas.

Bernardo Ward, otro irlandés establecido en España, estuvo al servicio de Fernando VI. Este rey lo envió de gira por Europa y España, para que observara el progreso económico en el extranjero y le recomendara mejoras internas; a la larga devino en secretario de la Junta de Comercio. Escribió sus recomendaciones en 1762, en un escrito titulado Proyecto económico, aunque murió antes de ver su publicación en 1779. La participación de Bernardo Ward en el desarrollo de la economía física de España es de especial interés, dado el papel que otros dos irlandeses, Mathew Carey y su hijo Henry C. Carey, desempeñaron en el desarrollo posterior del Sistema Americano de economía política en los EU y a nivel internacional.

Los dos secretarios más famosos de Carlos III, Pedro Rodríguez de Campomanes y José Moñino (después conde de Floridablanca), empezaron donde Ward se quedó. De hecho, Campomanes seguido sacaba a colación a Ward. En 1774 escribió su Discurso sobre el fomento de la industria popular. El Concejo de Castilla le envió este tratado, con la aprobación real, a todos los funcionarios e instituciones de gobierno de España, y a los obispos, para que los distribuyeran entre los sacerdotes de las parroquias y de las órdenes religiosas.

Ésta obra, y su Discurso sobre la educación popular de los artesanos y su fomento, que escribió un año después, en 1775, fueron instrumentos decisivos durante el reinado de Carlos III en la educación y movilización de la población a través de las Sociedades Económicas de Amigos del País, para aplicar una política económica leibniziana en España. Al igual que los informes que el secretario del Tesoro de los EU Alexander Hamilton presentó al Congreso estadounidense en 1790, sobre el tema de las manufacturas, el crédito público y la banca nacional, estos tratados ayudaron a difundir entre las élites, así como entre la población en general, el pensamiento político-económico necesario para fomentar el bienestar general.

El Discurso sobre el fomento de la industria popular de Campomanes refleja con claridad su compromiso leibniziano con el bienestar general, en tanto reflejo del concepto platónico cristiano de "ágape", o amor. Muestra el compromiso del régimen de Carlos III con la educación pública, la investigación científica, el desarrollo industrial, el crecimiento poblacional y el empleo productivo, en remplazo radical de las políticas feudales que caracterizaron los más de dos siglos de dominio habsburgo (ver recuadro).

Fértil intercambio de ideas

Este "amor del bien común", un concepto leibniziano único que luego expresaría el prembulo de la Constitución de los EU, fue lo que llevó a los reyes borbones de España, y en especial a Carlos III, a fomentar la investigación científica y la educación en colaboración con las redes leibinizianas afines de otras naciones. Este fértil intercambio de ideas tuvo lugar, no sólo con otras naciones europeas e Hispanoamérica, sino también con los círculos leibnizianos de la Sociedad Filosófica Americana de Benjamín Franklin.

En 1751 trajeron a España a uno de los mejores estudiantes de Carlos de Linneo, con el fin de mejorar los estudios sobre botánica. Fernando VI y Carlos III construyeron tres observatorios en España . En 1755 fue creado un jardín botánico en Madrid; y después se establecieron cuatro más en ciudades importantes de la provincia. En 1752 fueron fundadas la Real Academia de Bellas Artes y la Real Academia de la Lengua. Carlos III creó el Gabinete de Historia Natural, fundó nuevas escuelas de medicina, y empezó una campaña para generalizar en España la recién descubierta vacunación contra la viruela.

Como lo señaló el finado Carlos Cota Meza en un discurso que dio en 1982,(13) Carlos III también organizó una serie de expediciones botánicas a las Américas y Filipinas, cuyos resultados aparecen en los escritos posteriores de Alejandro de Humboldt y Aimé Bonpland (de hecho fue el ministro de Carlos III, Floridablanca, quien logró que Carlos IV diera su venia a la misión de Humboldt en 1799). La primera expedición partió hacia Perú y Chile en 1777-1778. Al final de su reinado, Carlos III envió una expedición botánica a México, la cual fue a California, México, Guatemala y varias islas del Atlántico. Antes de su muerte, Carlos III inició la exploración de Filipinas, y mandó una expedición botánica a la Nueva Granada (lo que hoy es Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá).

Había una amplia cooperación entre España, y las redes de Benjamín Franklin y su Sociedad Filosófica Americana con sede en Filadelfia. En 1784, ya al final del reinado de Carlos III, la Academia de la Historia (establecida en 1738) honró a Franklin nombrándolo miembro. También ya al final del reinado de Carlos III, Campomanes fue corresponsal de la Sociedad Filosófica Americana.

Por doquier surgieron periódicos que fomentaban las ciencias, entre ellos: el Espíritu de los mejores diarios literatos que se publican en Europa y América, un diario privado que entró en circulación en julio de 1787. Publicó varias cartas de Benjamín Franklin sobre ciencia naval y sobre su caldera sin humo el 9 de julio, y el 10 y el 13 de diciembre de 1787.

En 1789, del total de suscriptores del Espíritu, 36% eran de Madrid, 53% de las provincias españolas, y el resto de Norteamérica. Hasta presumía de tener algunos lectores en Nueva York: el excelentísimo señor don Juan (John) Jay, ex presidente del Congreso estadounidense, y el doctor don Benjamín Franklin. Había gran difusión de Franklin: el Correo de Madrid publicó una biografía de Franklin en un artículo sobre ciencias naturales; el 12 de enero de 1789 el Espíritu tradujo el epigrama francés "Franklin le arrancó el rayo a los cielos y el cetro a los Tiranos".

La educación fue fomentada por todos los medios posibles. En lo que fue el Colegio Imperial de los jesuitas quedaron establecidos los "Reales estudios San Isidro", en tanto que las universidades mejoraron con la reforma de los "Colegios", en especial la de los seis "Colegios mayores", para poner el acento en las ciencia y la economía. Tras la expulsión de los jesuitas, su biblioteca de Madrid pasó a ser una institución pública, y la Real Biblioteca de la ciudad fue ampliada, recibiendo por ley una copia de cada nuevo libro impreso. La instrucción primaria pasó a ser obligatoria en los nuevos asentamientos de la Sierra Morena, se fundaron escuelas para niñas en Madrid, y hubo un fomento a la educación de las clases más bajas.

La lucha por estas políticas educativas y científicas no fue fácil. Por ejemplo, aunque el libro Le droit des gens (La ley de las naciones, un libro que influyó en el pensamiento de Franklin, Hamilton y otros padres fundadores de los EU) del jurista suizo Emmerich de Vattel estaba disponible en la España de Carlos III, la Inquisición lo tenía en su lista de libros prohibidos. En 1774 el Concejo de Castilla convocó a un concurso sobre el mejor texto filosófico de un español que incluyera las teorías de Leibniz, pero también las de René Descartes y Nicolás de Malebranche. En 1781, cuando el prior general de los Carmelitas descalzos de España instó a todos sus maestros a que leyeran a Platón, Leibniz y Cicerón, también incluyó a Aristóteles y a aristotélicos modernos como Francis Bacon, Descartes, Issac Newton, John Locke y Éttiene Bonnot de Condillac.

Las reformas económicas de Carlos III

Fomento de las Manufacturas

En 1679 la Junta de Comercio recibió el encargo de revivir el comercio de España. Los reyes borbones extendieron su autoridad para incluir la minería, las manufacturas y la acuñación de moneda. Después de 1730 cambió su nombre a Junta de Comercio y Moneda

Los Borbón aplicaron una orientación colbertista: crearon cierta cantidad de fábricas financiadas por el gobierno, cada una con un monopolio en su ramo para producir artículos de lujo, que entonces eran importados de otros países europeos. En 1718 Guadalajara vio la construcción de una fábrica de tejidos de lana finos. En Madrid se establecieron fábricas de tapetes, y de espejos y cristalería fina, y de sedas, en otras partes. Cuando Carlos III llegó de Nápoles, trajo consigo artesanos italianos para fundar una fábrica de porcelana. También surgieron fábricas de papel, de espadas y de medias, y alfarerías.

Carlos III puso en la junta a Campomanes, fiscal del Concejo de Castilla, siendo él quien encabezó el movimiento de apoyo a la industria en España. En su Industria popular, escribió que era necesario abolir las leyes que consideraban el trabajo como deshonroso y a la industria degradante, para fundar escuelas industriales y agronómicas, y hacer que los sacerdotes de los pueblos exhortaran a sus fieles a trabajar. La ley del caballero le impedía a éstos ser sastres, carpinteros, herreros, peluqueros, curtidores, o hacer cualquier otro trabajo bajo y vil sin verse deshonrado; una situación que el Don Quijote de Cervantes ridiculiza. Es más, casi medio millón de españoles decíanse nobles; más que en Francia, que tenía más del doble de la población de España. En marzo de 1783 un decreto de Carlos III acabó con la ley del caballero, y declaró honesto y honorable todo oficio.

Los productores de manufacturas, que habían sufrido toda clase de restricciones, pudieron trabajar tantos telares y producir cuanto quisieran, y los artículos de lana y de lino quedaron libres de impuestos. También dejaron de gravarse las fibras de lino y cáñamo extranjeras, así como toda la maquinaria para las fabricas españolas, en tanto que el lino y el cáñamo nacionales quedaron exentos de los impuestos conocidos como la "alcabala" y el "ciento".

Al mismo tiempo que los gravámenes internos eran removidos, se imponían aranceles proteccionistas. En 1775 quedó prohibida la importación de herrería extranjera, para favorecer el crecimiento de la industria vasca del hierro. Tres años más tarde fueron incluidos muchos artículos de tela menores, como guantes, capas y medias, para que los talleres nacionales que empleaban mujeres pudieran prosperar. También fue prohibida la entrada de muebles extranjeros y, en 1788, la de toda clase de prendas y otros productos de lino, lana y algodón. La exportación de materias primas producidas en España fue restringida, de modo que los productores nacionales no tuvieran que competir en el mercado europeo para conseguirlas.

Las tres regiones que representaron centros de actividad industrial fueron Valencia, Cataluña y las provincias vascas. La industria prosperó en el siglo 18 fomentada por las ordenanzas reales, lo que permitió un comercio directo cada vez mayor con América. El sistema de "flotas" monopolistas, que supuestamente debían navegar cada dos años desde España hacia las colonias, había dañado el comercio entre éstas y España. En 1778 las "flotas" fueron abolidas, y el comercio entre España y sus colonias empezó a florecer.

La industria de la lana abandonó el sistema feudal de los gremios a favor del trabajo asalariado. Un decreto real de 1730 fomentó la industria del algodón, prohibiendo la importación de toda tela extranjera de este material para proteger las fábricas de España. En 1741 el Gobierno hizo concesiones arancelarias y tributarias a las fábricas de algodón estampado y otras telas de algodón.

En 1765 las restricciones al comercio de maíz fueron eliminadas, y dos años más tarde el comercio nacional quedó libre de toda regulación. Estas medidas destruyeron la estructura gremial, tan elogiada hoy por los sinarquistas.


• Desarrollo de la infraestructura

El efecto esencial del desarrollo de la infraestructura consiste en abaratar el costo de producción en todas las fases de la economía nacional, ampliando así la energía libre disponible para elevar aun más los niveles de vida y el ritmo de desarrollo tecnológico.

Felipe V inició la creación de un sistema de caminos para carretas que partía de Madrid hacia las regiones vascas, los puertos del Mediterrneo y Cádiz. Durante su reinado, Carlos III construyó caminos en la región vasca y a lo largo de la costa mediterránea, desde Valencia hasta la frontera con Francia. Nació el sistema de diligencias, y fue creado un servicio regular de correo.

Sus consejeros le propusieron a Carlos III que, para propósitos de navegación, comunicación e irrigación, construyera una serie de canales que conectaran la parte central de España con el mar. Uno de éstos, que ya Carlos V había concebido, iría paralelo al río Ebro, desde Tudela hasta el mar Mediterráneo, dándole nueva vida a Navarra y Aragón. Estaba planeado construir un segundo canal desde Segovia, por los cauces de los ríos de Castilla la Vieja, pasando por Valladolid y Reinosa, para entrar a la bahía de Vizcaya, cerca de Santander. Ya al final del reinado de Carlos III, un ingeniero francés propuso construir un tercer canal desde el Escorial y Madrid hacia el sur, al Atlántico, cruzando Castilla la Nueva y La Mancha por los mejores valles ribereños, y entrando al río Guadalquivir arriba de Córdoba. Todos los canales, con excepción del tercero, llegaron a concretarse.


Banca nacional

Durante la Revolución Americana, cuando los aumentos de impuestos y los préstamos de comerciantes y obispos fueron insuficientes para financiar la guerra, el conde Francisco de Cabarrús, un financiero de origen francés, recibió autorización para emitir bonos reales con intereses, conocidos como "vales reales", para que circularan como moneda de curso legal. Repetidas emisiones terminaron por depreciarlos y, en octubre de 1782, fueron rebajados al 22% de su valor. En parte para hacerle frente a esta amenaza al crédito real, Cabarrús recibió en junio de 1782 —en respuesta a una propuesta que Floridablanca le hizo al Rey— la autorización de fundar el primer banco nacional de España, el Banco de San Carlos, asignándole la tarea de redimir los vales. Para garantizar su poder financiero, el banco recibió el monopolio de los contratos de abastecimiento del ejército y la marina de guerra, y de la exportación de especies, recibiendo una comisión por sus servicios. El banco empezó a retirar los vales tras la firma del Tratado de París en enero de 1783. Éstos, no sólo recuperaron su valor, sino que circularon de 1786 a 1792 a entre 1 y 2% por encima de su valor nominal.

El banco fomentó la industria al darle salida al capital. Proveyó fondos para construir nuevos puentes, carreteras, canales, y otras mejoras. También fomentó la industria al impulsar la capacidad del gobierno de pedir préstamos, y de dar préstamos al público.

Este banco, que fue creado antes de que Alexander Hamilton fundara el primer banco nacional de los EU en 1790, bien pudo haber inspirado esa empresa.


• Sociedades de fomento a las artes y las ciencias

Como un reflejo de la influencia del memorando de Leibniz de 1671 "Sobre el establecimiento de una sociedad en Alemania para el fomento a las artes y las ciencias", la Sociedad Vascongada de Amigos del País recibió licencia para formarse en 1765, con el fin de impulsar la agricultura, la industria, el comercio, las artes y las ciencias. Tres años después, Carlos III empezó a patrocinarla, y la sociedad le agregó la palabra "Real" a su nombre. Como ya se dijo, Campomanes le dio su apoyo en su Discurso sobre el fomento de la industria popular. En junio de 1775 una sociedad parecida recibió licencia para fundarse: la "Real Sociedad Económica de Madrid".

En gran medida, estas sociedades siguieron los lineamientos trazados por Campomanes en su Industria popular. Impulsaron la industria, propusieron reformas hacendarias, comerciales y agrícolas, y vieron por los pobres. Ofrecieron premios a los mejores ensayos sobre temas determinados, fundaron escuelas gratuitas, y organizaron comités con el fin de darle trabajo a las mujeres pobres.

La sociedad de Segovia, por ejemplo, logró que el obispo redujera el número de días religiosos festivos para que los artesanos pudieran trabajar semanas completas. La sociedad de Madrid le abrió sus puertas a las mujeres en 1786.

Algunos elementos reaccionarios de la Iglesia eran hostiles a las sociedades económicas, mientras que otra parte del clero las apoyaban de forma activa. Entre 1770 y 1786 la Sociedad Vascongada tuvo 96 miembros eclesiásticos, nueve de los cuales eran funcionarios de la Inquisición. Cinco obispos y un monje fueron directores de las sociedades en 1789.


• La reforma agraria en interés del bienestar público

En los 1760 España vivía una situación parecida a la de México antes de la Revolución Mexicana de 1910. Toda una sexta parte de la tierra de León y las dos Castillas, tanto la Nueva como la Vieja, estaba en manos de varias instituciones religiosas, y el clero podía vender su cosecha sin pagar el impuesto de la "alcabala".

Los economistas contemporáneos lamentaban que el aumento de las tierras en manos feudales, tanto los "mayorazgos" (propiedades privadas heredadas) como las de "manos muertas" (propiedades de propiedad eclesiástica a perpetuidad), había vuelto ociosa mucha tierra.

Es más, grandes rebaños de borregos merinos propiedad del monopolio oficial de los nobles, llamado la Mesta, tenían permitido pasar por tierras cultivadas, destruyendo tanto las cosechas de las granjas locales como su ganado. Esta situación la había descrito Cervantes dos siglos antes, y también Tomás Moro de Inglaterra, en su Utopía.

Carlos III, al igual que sus dos predecesores borbones, hizo bando con los pequeños agricultores y propietarios, y favoreció el cultivo de granos por sobre la crianza del ganado lanar de la Mesta.

En 1760 Carlos decretó la creación de una comisión especial del Concejo de Castilla, conocida como la Contaduría General de Propios y Arbitrios, para supervisar las finanzas municipales. En 1766 cada concejo municipal contó con dos nuevos grupos de funcionarios, a quienes los contribuyentes locales debían elegir. Recibieron los nombres de "procuradores síndico personeros del público" y "diputados del común", y eran responsables del abasto de comida a las ciudades y poblados.

Tras los disturbios de 1766 instigados por los jesuitas, Carlos impulsó más el cultivo del trigo. El Concejo de Castilla, entonces presidido por Pedro Pablo Abarca de Bolea, conde de Aranda (1719-1798), y asesorado por Campomanes, ordenó darles tierras a los lugareños por una renta fija muy baja.

En 1771 Campomanes y Moñino (Floridablanca) propusieron, de ser necesario, la distribución de las tierras de pastoreo privadas para beneficio del "bien común". El objetivo de estas reformas era repoblar los vastos pastizales y tierras ociosas con los campesinos y moradores que eran víctimas de explotación bajo el sistema de propiedad feudal.

En 1779 Campomanes recibió el nombramiento de presidente de la Mesta, y durante el resto del reinado de Carlos III aprovechó su autoridad para debilitar esta institución aboliendo de forma gradual la prohibición de cercar los terrenos.

Para darle marcha atrás a la horrenda despoblación que crearon los Habsburgo, empezaron a repoblarse las regiones deshabitadas con colonos extranjeros. Los Estados alemanes habían empleado este método por un siglo, y un empresario prusiano llamado Juan Gaspar de Turriegel le propuso al Concejo de Castilla llevar católicos alemanes a España con este fin. Campomanes recomendó el plan, y Turrigel fue comisionado para echarlo a andar. La decisión fue que los nuevos pobladores colonizaran la Sierra Morena, una cordillera de montañas que separa La Mancha de Andalucía. El Gobierno le encomendó los nuevos asentamientos al peruano don Pablo de Olavide. En pocos años florecieron 44 villas y 11 pueblos de inmigrantes franceses y alemanes, extendiéndose por más de 1.500 kilómetros cuadrados.

Este asentamiento devino en un laboratorio para ensayar varias reformas, y luego llevarlas al resto de España. Por ejemplo, la libertad de elegir a los funcionarios municipales, el derecho a cercar los terrenos y las reformas educativas primero se probaron en Sierra Morena, antes de extenderlas a toda la nación en 1788.


La reforma tributaria en beneficio del trabajo

Carlos III reformó la estructura hacendaria, para pasar la carga tributaria de los pobres a la nobleza.

Había tres clases de gravámenes opresivos en el reino:
1) las contribuciones nacionales de las aduanas, los impuestos al comercio con América y varios monopolios;
2) las contribuciones provinciales tales como la "alcabala", el "ciento", el "millón" y las "tercias reales"; y,
3) las contribuciones regionales, como el impuesto a la minería, los derechos de hacienda, las multas, las exacciones al clero y otros.

La alcabala era un impuesto del 10% a las ventas, al cual se le sumaba el ciento, un impuesto de 4%, haciendo un total de 14%; Éste era cobrado cada vez que un artículo cambiaba de manos. El millón eran un impuesto al consumo de varios artículos como el vino, el aceite, el vinagre y el jabón. Las tercias reales nominalmente eran tres novenas partes —en realidad dos novenas— de los diezmos eclesiásticos que iban a la Corona. Sólo Castilla y León recaudaban impuestos provinciales. En Cataluña fueron remplazados por el "catastro", un impuesto del 10% a las ventas parecido a la "alcabala"; en Aragón por el "equivalente"; y en Mallorca por la "talla". Aunado a las tercias reales, los miembros del clero aportaban a la hacienda real la "media anata" o mitad de su ingreso anual al recibir alguna prebenda, y en algunos casos la "mesada" o ingreso de un mes.

El Gobierno de Carlos III redujo la alcabala y el ciento a la carne, el aceite, el vino y el vinagre al 5% en Castilla, y al 8% en Andalucía, redujo el impuesto al pescado, los vegetales y otros artículos de consumo popular al 2%, y las gallinas, los pichones, los huevos, etc., quedaron exentos. Los granjeros y ganaderos podían vender sus productos con un impuesto del 4%; los manufactureros no pagaban impuestos, y sus productos en el mercado fueron gravados al 2%.

La aplicación de estas medidas era para aliviar la carga que pesaba sobre las clases trabajadoras, porque, como Carlos III escribió en un memorando confidencial titulado "Instrucción Reservada": "En cuanto al 5% de impuesto a la propiedad, que se considera un nuevo impuesto, la razón para imponerlo fue la de la justicia y equidad de aliviar la carga de los consumidores pobres, trabajadores, campesinos, artesanos y técnicos en quien recaía todo el peso de los impuestos que he reducido. Era una injusticia insufrible y lamentable que las personas más poderosas en el reino, que vivían en el lujo y la abundancia, no pagaran impuestos en proporción a su riqueza".(14)

Carlos III siempre decía: "No he tenido tiempo de hacerlo, pero deber hacerse con el tiempo". A su muerte en 1788, lo que el consejero real Gaspar Melchor de Jovellanos más alabó en un elogio que escribió, fue su impulso y fomento al desarrollo económico:

"Estaba reservado a Carlos III aprovechar los rayos de luz que estos dignos ciudadanos [es decir, los economistas] habían depositado en sus obras. Estábale reservado el placer de difundirlos por su reino y la gloria de convertir enteramente sus vasallos al estudio de la economía. Sí, buen rey, ve aquí la gloria que más distinguir tu nombre en la posteridad. El santuario de las ciencias se abre solamente a una pequeña porción de ciudadanos, dedicados a investigar en silencio los misterios de la naturaleza para declararlos a la nación. Tuyo es el cargo de recoger sus oráculos, tuyo el de comunicar la luz de sus investigaciones; tuyo el de aplicarla al beneficio de tus súbditos. La ciencia económica te pertenece exclusivamente a ti y a los depositarios de tu autoridad".

Un año antes de su muerte Carlos III dio a conocer a la Junta de Estado la" Instrucción Reservada", que Floridablanca escribió por órdenes suyas (ver recuadro). Este memorando le dejó a sus sucesores la tarea completar su amplio plan para elevar a la nación y el pueblo españoles, mediante la aplicación de los principios de la economía física que Leibniz y sus seguidores colbertistas le habían legado.

 

La expulsión de los jesuitas de España

1- La España de Carlos III y el Sistema Americano - Introducción
2- Las políticas económicas leibnizianas de Carlos III
3- La expulsión de los jesuitas de España
4- La participació de España en la Revolución Americana
5- La independencia de los Estados nacionales soberanos de Iberoamerica
•- Indice

 

 

 

El Instituto Schiller agradece su apoyo. Su colaboracion nos ayuda a publicar la Revista Fidelio, y también para organizar conciertos, conferencias, y otras actividades que representan intervenciones en la vida politica y cultural en este país y en el mundo

schiller@schillerinstitute.org

PO BOX 20244 Washington, DC 20041-0244
703-297-8368

Copyright Schiller Institute, Inc. 2001. Todos los derechos reservados